mientras la Coalición Cívica y Proyecto Sur demandaron para hoy
El peronismo nacionalizó los ferrocarriles en 1948. A partir de entonces éstos pasaron a formar parte de un proyecto de desarrollo del país, como factor de progreso e integración, transportando tanto ciudadanos como productos argentinos. Durante la presidencia de Menem se cerró y se vendió el sistema ferroviario a concesionarias privadas, se saqueó las máquinas y herramientas y se expulsó a 85.000 empleados. El ferrocarril dejó de ser un ente regulador del transporte en Argentina. La pérdida de esa integración es notoria hasta hoy, al haberse aislado casi 870 pueblos, conocidos como “pueblos fantasmas”, y con las migraciones de su gente a las grandes ciudades en busca de trabajo. Actualmente miles de argentinos viajan todos los días en condiciones precarias por el Gran Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro, a través del único sistema de pasajeros de rieles de larga distancia: el Ferrocarril General Roca, mientras las rutas y carreteras del país se saturan con los camiones de carga.El tren oficial
El pasado martes 29 abril se firmó el contrato para la construcción del tren de alta velocidad “Tave-Cobra”, que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró entonces que “cambiará el perfil del corredor agroindustrial más importante de Argentina”, y que el convenio logró tener financiamiento completo con un plazo de gracia de siete años y 30 para pagar.
En el acto estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz. En la reunión muchos esperaban que Binner dirigiera unas palabras, pero mantuvo el silencio. El gobernador no se opuso al tren bala, por lo que recibió fuertes críticas, pero luego advirtió que “existen otras prioridades, como la reactivación de la red ferroviaria de carga y de pasajeros”.
Quien profundizó su postura fue el intendente Lifchitz, quien declaró: "Defiendo la iniciativa, pero no me hago cargo de sus procedimientos o de presuntas irregularidades". En su visión, Rosario será la más beneficiada, ya que hace muchos años se plantea la necesidad de reactivar el sistema ferroviario de pasajeros que vincula a la ciudad con Capital Federal. Para Lifchitz “es un proyecto de alto impacto, no sólo desde el punto de vista del transporte, sino a nivel económico, turístico y laboral”.
El Cobra recorrerá 710 kilómetros en tres horas y atravesará la principal franja urbana y agroindustrial del país. Tendrá dos paradas entre Retiro y Rosario, ambas en la provincia de Buenos Aires, y otras tres en la provincia de Córdoba. En la provincia de Santa Fe sólo tendrá parada en Rosario. El Tave implicará la creación de 5 mil nuevos empleos directos y unos 20 mil indirectos, y se especula que impulsará y fortalecerá a Pymes nacionales, que funcionarán como proveedoras del megaproyecto.
Las voces políticas disidentes
El ex candidato a vicepresidente de Una Nación Avanzada (UNA), Gerardo Morales, presentó el 3 de octubre de 2007 una medida cautelar ante la Justicia federal para frenar la licitación del tren de alta velocidad, por considerar que “el proceso en marcha viola la ley de obra pública y perjudica las bases económicas del Estado”. El proyecto costará 3.600 millones de dólares, por lo que el presidente de la UCR reclamó al entonces presidente Néstor Kirchner que utilice dichos fondos “en obras más prioritarias”. Nuevamente a fines de marzo el hoy senador nacional (Morales) presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la licitación. Asimismo, el diputado nacional Claudio Lozano encabezó una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por el presunto incumplimiento de la ley de inversión pública en la adjudicación del Cobra.
Por otra parte, la Coalición Cívica realizó el miércoles 30 una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción “para que se impugne el contrato del tren bala, al constatarse irregularidades en la financiación que hacen inviable su ejecución”, según indicó su titular Elisa Carrió.
El diputado provincial del socialismo Sergio Liberati calificó de "obscena y poco transparente" la concreción del proyecto del tren de alta velocidad y aseguró que la inversión podría sostener otras prioridades como la reactivación de la red ferroviaria de carga y de pasajeros.
"No es cierto que estemos usando un dinero para hacer el Tave pudiendo hacer otras obras. El Estado argentino no pone un sólo peso para su construcción", explicó la presidenta en su discurso del martes pasado ante las disidencias.
El presidente de la ONG “Conciencia Vial” y ex asesor del secretario de Seguridad Vial del gobierno provincial Gerónimo Bonavera, consideró: “El tren bala es innecesario porque al país le hacen falta otras cosas. Al rearmar el sistema ferroviario se sacarán los miles de camiones de las rutas y habrá muchos empleos alternativos para los camioneros. Pero eso es algo que no se puede hacer de un día para el otro. “Casualmente” Moyano es dueño del 20% del concesionario del Ferrocarril General Roca, que es el único tren que recorre casi todo el país”.
El miembro fundador de la Asociación Amigos del Riel, Carlos Fernández, tiene otra visión del auge ferroviario: “Todo lo que contribuya a mejorar el transporte ferroviario es favorable, porque en definitiva sirve para atenuar los accidentes, y también para que el país reduzca de a poco su dependencia de combustibles fósiles con otros países”.
El pasado martes 29 abril se firmó el contrato para la construcción del tren de alta velocidad “Tave-Cobra”, que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró entonces que “cambiará el perfil del corredor agroindustrial más importante de Argentina”, y que el convenio logró tener financiamiento completo con un plazo de gracia de siete años y 30 para pagar.
En el acto estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz. En la reunión muchos esperaban que Binner dirigiera unas palabras, pero mantuvo el silencio. El gobernador no se opuso al tren bala, por lo que recibió fuertes críticas, pero luego advirtió que “existen otras prioridades, como la reactivación de la red ferroviaria de carga y de pasajeros”.
Quien profundizó su postura fue el intendente Lifchitz, quien declaró: "Defiendo la iniciativa, pero no me hago cargo de sus procedimientos o de presuntas irregularidades". En su visión, Rosario será la más beneficiada, ya que hace muchos años se plantea la necesidad de reactivar el sistema ferroviario de pasajeros que vincula a la ciudad con Capital Federal. Para Lifchitz “es un proyecto de alto impacto, no sólo desde el punto de vista del transporte, sino a nivel económico, turístico y laboral”.
El Cobra recorrerá 710 kilómetros en tres horas y atravesará la principal franja urbana y agroindustrial del país. Tendrá dos paradas entre Retiro y Rosario, ambas en la provincia de Buenos Aires, y otras tres en la provincia de Córdoba. En la provincia de Santa Fe sólo tendrá parada en Rosario. El Tave implicará la creación de 5 mil nuevos empleos directos y unos 20 mil indirectos, y se especula que impulsará y fortalecerá a Pymes nacionales, que funcionarán como proveedoras del megaproyecto.
Las voces políticas disidentes
El ex candidato a vicepresidente de Una Nación Avanzada (UNA), Gerardo Morales, presentó el 3 de octubre de 2007 una medida cautelar ante la Justicia federal para frenar la licitación del tren de alta velocidad, por considerar que “el proceso en marcha viola la ley de obra pública y perjudica las bases económicas del Estado”. El proyecto costará 3.600 millones de dólares, por lo que el presidente de la UCR reclamó al entonces presidente Néstor Kirchner que utilice dichos fondos “en obras más prioritarias”. Nuevamente a fines de marzo el hoy senador nacional (Morales) presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la licitación. Asimismo, el diputado nacional Claudio Lozano encabezó una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por el presunto incumplimiento de la ley de inversión pública en la adjudicación del Cobra.
Por otra parte, la Coalición Cívica realizó el miércoles 30 una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción “para que se impugne el contrato del tren bala, al constatarse irregularidades en la financiación que hacen inviable su ejecución”, según indicó su titular Elisa Carrió.
El diputado provincial del socialismo Sergio Liberati calificó de "obscena y poco transparente" la concreción del proyecto del tren de alta velocidad y aseguró que la inversión podría sostener otras prioridades como la reactivación de la red ferroviaria de carga y de pasajeros.
"No es cierto que estemos usando un dinero para hacer el Tave pudiendo hacer otras obras. El Estado argentino no pone un sólo peso para su construcción", explicó la presidenta en su discurso del martes pasado ante las disidencias.
El presidente de la ONG “Conciencia Vial” y ex asesor del secretario de Seguridad Vial del gobierno provincial Gerónimo Bonavera, consideró: “El tren bala es innecesario porque al país le hacen falta otras cosas. Al rearmar el sistema ferroviario se sacarán los miles de camiones de las rutas y habrá muchos empleos alternativos para los camioneros. Pero eso es algo que no se puede hacer de un día para el otro. “Casualmente” Moyano es dueño del 20% del concesionario del Ferrocarril General Roca, que es el único tren que recorre casi todo el país”.
El miembro fundador de la Asociación Amigos del Riel, Carlos Fernández, tiene otra visión del auge ferroviario: “Todo lo que contribuya a mejorar el transporte ferroviario es favorable, porque en definitiva sirve para atenuar los accidentes, y también para que el país reduzca de a poco su dependencia de combustibles fósiles con otros países”.
El tren alternativo
El mismo martes 29 de abril que se concretó el negociado por la implementación del tren bala, en Rosario se realizó un acto que proponía abolirlo y concretar la contrapropuesta de un ferrocarril a nivel nacional. Se trató de una charla-debate y el lanzamiento de un referéndum popular, con la insignia “un proyecto de reconstrucción de la red ferroviaria es posible”.
El salón de actos de la Facultad de Ingeniería de la UNR (Pellegrini 250) era el punto de encuentro, convocado por el movimiento político “Proyecto Sur”. La propuesta fue fundamentada en el libro: “La república que ¿perdió? el tren. Análisis y proyecto para refundar los ferrocarriles en la Argentina” del economista Jorge Contestí ¹.
Durante el evento surgieron dos problemáticas: la ineficiencia de los miles de litros de combustible utilizados en los camiones de carga, a sabiendas de que el ferrocarril tiene una capacidad de 20 litros sobre un litro; y la otra fue el interrogante: ¿por qué todos los argentinos van a sostener un tren para privilegiados?
En su discurso Constestí arguyó que “el ferrocarril debe volver inexorablemente a ocupar la primera escena nacional, lugar que perdió a manos del transporte automotor”. Allí señaló que para transportar la misma carga de 50 camiones podría llevarse en un sólo tren de 30 vagones, y sucede algo parecido con los transportes interurbanos.
Contestí escribió en su libro sobre la viabilidad económica, técnica y social de este proyecto alternativo, ya que con U$S 1.200 millones (menos de la mitad del monto previsto para la construcción del “tren bala”) se restauraría el servicio ferroviario en 7000 km de vías, para los cinco grandes ramales provinciales, y con más de 300 locomotoras para transportar productos y pasajeros.
Luego de la disertación de Contestí, el movimiento Proyecto Sur coordinó un debate sobre la necesidad de un tren nacional, con las ideas en común: “Sería económico, ecológico y seguro, integraría al país reactivando las economías regionales, implicaría desarrollo tecnológico propio y miles de puestos de trabajo, en oposición al tren bala que no responde a un proyecto nacional ni popular”.
Con el mismo proyecto en manos, el cineasta y ex candidato a presidente de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas inició hoy en la estación Once una campaña contra el proyecto del tren bala. Allí asistieron los diputados nacionales Claudio Lozano y Eduardo Macaluse. La difusión del evento fue casi nula.
El futuro sobre rieles
La Auditoría General de la Nacion pedirá mañana investigar la adjudicación del tren bala. La AGN es un órgano técnico de control externo que depende del Congreso. Sus miembros representantes de la UCR pretenden indagar en el reciente contrato que selló la presidenta Cristina Kirchner con el consorcio Veloxia para emplazar el tren bala, ya que dicho contrato obligará al Gobierno a emitir una deuda por 3600 millones de dólares para realizar las obras. El llamado a licitación original había sido por 2400 millones de dólares, con financiamiento en mitades entre la concesionaria y el Estado. Hoy incrementó 1200 millones de dólares y el total está a cargo del Estado.
La AGN elaboró también una serie de informes críticos del Gobierno sobre diversos temas, entre los que figuran los actuales ferrocarriles argeninos. Se advirtió graves deficiencias en la prestación de la empresa TBA, al considerar que el sistema de vía y los pasos a nivel se encuentran en un estado deficitario en su mantenimiento.
El tren bala significa un "salto a la modernidad" para los gobernantes mientras para una amplia oposición es un malgasto del bien público actual y de un posible acto de corrupción. La pulseada todavía no termina.
¹ Jorge Contestí fue gerente de Operaciones de la empresa Ferroviaria Oriental de Bolivia, y subgerente del Ferrocarril Mitre, entre otros cargos ocupados.
El mismo martes 29 de abril que se concretó el negociado por la implementación del tren bala, en Rosario se realizó un acto que proponía abolirlo y concretar la contrapropuesta de un ferrocarril a nivel nacional. Se trató de una charla-debate y el lanzamiento de un referéndum popular, con la insignia “un proyecto de reconstrucción de la red ferroviaria es posible”.
El salón de actos de la Facultad de Ingeniería de la UNR (Pellegrini 250) era el punto de encuentro, convocado por el movimiento político “Proyecto Sur”. La propuesta fue fundamentada en el libro: “La república que ¿perdió? el tren. Análisis y proyecto para refundar los ferrocarriles en la Argentina” del economista Jorge Contestí ¹.
Durante el evento surgieron dos problemáticas: la ineficiencia de los miles de litros de combustible utilizados en los camiones de carga, a sabiendas de que el ferrocarril tiene una capacidad de 20 litros sobre un litro; y la otra fue el interrogante: ¿por qué todos los argentinos van a sostener un tren para privilegiados?
En su discurso Constestí arguyó que “el ferrocarril debe volver inexorablemente a ocupar la primera escena nacional, lugar que perdió a manos del transporte automotor”. Allí señaló que para transportar la misma carga de 50 camiones podría llevarse en un sólo tren de 30 vagones, y sucede algo parecido con los transportes interurbanos.
Contestí escribió en su libro sobre la viabilidad económica, técnica y social de este proyecto alternativo, ya que con U$S 1.200 millones (menos de la mitad del monto previsto para la construcción del “tren bala”) se restauraría el servicio ferroviario en 7000 km de vías, para los cinco grandes ramales provinciales, y con más de 300 locomotoras para transportar productos y pasajeros.
Luego de la disertación de Contestí, el movimiento Proyecto Sur coordinó un debate sobre la necesidad de un tren nacional, con las ideas en común: “Sería económico, ecológico y seguro, integraría al país reactivando las economías regionales, implicaría desarrollo tecnológico propio y miles de puestos de trabajo, en oposición al tren bala que no responde a un proyecto nacional ni popular”.
Con el mismo proyecto en manos, el cineasta y ex candidato a presidente de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas inició hoy en la estación Once una campaña contra el proyecto del tren bala. Allí asistieron los diputados nacionales Claudio Lozano y Eduardo Macaluse. La difusión del evento fue casi nula.
El futuro sobre rieles
La Auditoría General de la Nacion pedirá mañana investigar la adjudicación del tren bala. La AGN es un órgano técnico de control externo que depende del Congreso. Sus miembros representantes de la UCR pretenden indagar en el reciente contrato que selló la presidenta Cristina Kirchner con el consorcio Veloxia para emplazar el tren bala, ya que dicho contrato obligará al Gobierno a emitir una deuda por 3600 millones de dólares para realizar las obras. El llamado a licitación original había sido por 2400 millones de dólares, con financiamiento en mitades entre la concesionaria y el Estado. Hoy incrementó 1200 millones de dólares y el total está a cargo del Estado.
La AGN elaboró también una serie de informes críticos del Gobierno sobre diversos temas, entre los que figuran los actuales ferrocarriles argeninos. Se advirtió graves deficiencias en la prestación de la empresa TBA, al considerar que el sistema de vía y los pasos a nivel se encuentran en un estado deficitario en su mantenimiento.
El tren bala significa un "salto a la modernidad" para los gobernantes mientras para una amplia oposición es un malgasto del bien público actual y de un posible acto de corrupción. La pulseada todavía no termina.
¹ Jorge Contestí fue gerente de Operaciones de la empresa Ferroviaria Oriental de Bolivia, y subgerente del Ferrocarril Mitre, entre otros cargos ocupados.

